viernes, 21 de septiembre de 2012

La Comunidad Valenciana abandona a los dependientes


Jorge Cabré
La Comunidad Valenciana se carga la dependencia
Parecía difícil que la Conselleria de Justicia y Bienestar Social pudiera caer más bajo: ocupa plazas públicas para dependientes con personas con rentas altísimas para ahorrarse costes, está a la cola de España en el número de prestaciones otorgadas, no paga a sus proveedores de servicios profesionales llevándoles a la bancarrota, está condenada por irregularidades en la contratación de su personal… Pero acabamos de conocer que se ha superado: según denuncian algunos ayuntamientos plantea aprobar un nuevo decreto que elimina la mitad de las plazas en residencias públicas y concertadas para personas mayores.


¿Qué significa esto? Que las personas mayores con rentas medias y bajas, que son las que exclusivamente pueden acceder a la red de servicios profesionales a través de la red pública y concertada, deberán seguir más tiempo en su casa esperando una ayuda. Y en muchos casos esa ayuda llegará demasiado tarde, después de que hayan fallecido. Sólo porque la Conselleria de Justicia y Bienestar Social (deberíamos llamarla más bien “Injusticia y Malestar Social”) ha decidido incumplir la ley de dependencia y discriminar a la red pública y concertada de servicios profesionales. Porque lo valen.

Es curioso que el Conseller Jorge Cabré, fiscal de profesión, se salte de esta manera la normativa vigente. ¿O es que aprovecha su experiencia y conocimientos para hacerlo?

La dependencia está regulada en España a través de una red pública y concertada de servicios, le guste o no. Incumplir las leyes disminuyendo todavía más la cobertura pública de dependencia es injusto, inmoral y discriminatorio frente al resto de comunidades autónomas. Parece que los valencianos y valencianas no hemos tenido bastante con tener que sufrir el caso de los trajes, el gasto en el circuito de Formula 1, los pufos de Terra Mítica o el aeropuerto sin aviones de Castellón. Ahora tenemos que aguantar a un conseller fiscal que incumple descaradamente una ley vigente. ¿Qué será lo próximo? Da miedo sólo pensarlo.

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