jueves, 11 de octubre de 2012

Con premeditación y alevosía


Jorgé Cabré.
Hace unas semanas nos hacíamos eco (Jorge Cabré no paga la dependencia) de una denuncia de AERTE (patronal de residencias de mayores) sobre los impagos de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social (sic). De acuerdo a esa información la Conselleria debe en este momento 100 millones de euros a las empresas que gestionan centros para dependientes. Esta cantidad supone que no han cobrado ni un euro de las facturas correspondientes al año 2012 por ninguno de los conceptos (gestiones públicas, contratos de concierto de plazas, bono-residencia, etc.), lo que les ha colocado en una situación límite de supervivencia. 


Acabamos de conocer que varias de las empresas más importantes van a impagar todo o parte de la nómina de octubre por no poder hacer frente a sus obligaciones al carecer de recursos económicos y vías de financiación. Una vez más pagando justos (los trabajadores) por pecadores (el conseller Cabré y su Secretario Autonómico Joaquín Martínez, responsables directos de esta situación).
La situación es igual o incluso peor con las asociaciones sin ánimo de lucro que gestionan sus centros, como denuncia en un artículo Esther L. Barceló (La discapacidad está en lucha). Hay más de cuarenta centros en lucha contra la injustísima política del conseller Cabré, con todos sus profesionales priorizando antes que sus salarios el mantenimiento del servicio que dan para tratar de garantizar unos derechos sociales de discapacitados y dependientes. Como se dice muy bien en el artículo

“El desgobierno, el descrédito, la sinrazón de la derecha más insaciable envuelven la inacción del Consell en materia de atención social. Y mientras tanto, los días pasan, las nóminas se atrasan, los recursos disminuyen, la atención se deteriora, y la incertidumbre crece y se apodera de la estabilidad de las personas, de las miles de familias que necesitan ser atendidas, ser cuidadas, ser socializadas, ser comunidad”.
Debemos denunciar que la crisis económica no es una excusa para abandonar la atención a dependientes y discapacitados impagando sistemáticamente a las organizaciones que les prestan servicio en nombre de la administración pública. Si la tarta se ha reducido habrá que recortar en gastos superfluos, no en políticas sociales esenciales. Que no nos sigan engañando. Si desaparecen organizaciones del tercer sector o empresas proveedoras de la Conselleria será debido no a la crisis sino a la decisión injusta, arbitraria y escandalosa del conseller Cabré y su equipo. Ellos deciden cómo repartir el pastel.

Cómo no, siempre en contra de los mismos, con premeditación y alevosía.

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